Imaginemos al océano inmenso, toda esa colosal cantidad de agua moviéndose de una manera incontrolable, a un ritmo terrible, cada vez mas vertiginoso. Es entonces cuando el barco, como un crucero que pretende dar nuevamente un viaje de placer, se posa en el mar eterno, desafiando una vez mas las fuerzas interiores del terrible movimiento.
Este barco, semejante a una torta flotante con estratos y pisos, fue construido por las manos embrutecidas de unos cuantos astilleros, y es a la vez sostenido por miles de trabajadores que sudan sin parar en las calurosas y sucias salas de calderas y máquinas, en el piso inferior del navío.
Entre los pasajeros de tercera y segunda clase ubicados en las cubiertas inferiores, muchos de ello son emigrados que buscan una mejor tierra donde vivir, otros son maestros, mercaderes y profesionales de recursos económicos moderados. La primera clase, ubicada como colofón, está compuesta por los señores propietarios que ya sienten la sacudida; aunque hayan cambiado de capitán unas cuantas veces, la oleada se repite, y esta vez parece un tsunami.
Los capitanes están nuevamente en contienda, se pelan por la dirección del timón llegando al absurdo. Unos llevarán al barco directo al iceberg, otros serán impotentes para controlar la marea, para el caso, parece que el barco se hundirá. Es una farsa. Saben que están a la deriva. Aparentan viajar cómodos, aunque ya perciben que el agua esta indócil.
Se preocupan, piensan que los salvavidas no alcanzan, compran más. Se asocian con otros capitanes y señores, compran más. Mientras distraen a la tripulación con espectáculos vulgares, con casas de grandes hermanos y cuñados, con malvivientes piratas, con mosquitos sanguinarios.
Pero no examinan la causa del movimiento, allá en lo profundo. ¿Será una pelea a muerte entre tiburones por las presas mas pequeñas que esperan ser devoradas?
Nosotrxs pensamos que sí, y es en medio de esta lucha que se asoman estas paginas, denunciando las heridas, los muertos, los “daños colaterales”. Ya son diez las veces que surgieron, aunque nunca habían chapoteado en medio de semejante desafío. Por eso estas páginas son particulares. No es fácil este número, ni este año.
Asistimos a la decadencia del perverso capitalismo que nos vomita su miseria: el hambre y la podredumbre extrema, la angustia irreparable de los desocupados que ya son millones, el infierno carcelario, el trabajo esclavo, la opresión de género, …
Mientras tanto los de primera clase especulan y se organizan por su seguridad con ayuda de expertos navegantes y comerciantes. Consiguen excelentes tipos de grandes canoas de alta mar, las mismas que hace años solían usar para expediciones comerciales a gran distancia o para incursiones guerreras y de conquista. También están dotados de buques de guerra y nuevas cantidades de flechas de acero. Ahora las usan para salvarse del cataclismo y la inseguridad. Han tenido experiencias de anteriores naufragios, algunos planeados que tuvieron como resultado miles de desaparecidos. Pero frente a este ¿Cómo se preparan?
El resto; marineros, mujeres, niños, trabajadores, emigrantes, jóvenes corren de proa a popa buscando una esperanza, un salvavidas, desesperados frente al inminente hundimiento.
Este barco a la deriva enloquece a la tripulación, que se muestra inquieta, harta de la parodia busca una salida que no venga de la mano de ningún capitán, que no le facilite la presa a ningún tiburón.
Comienzan a reconocerse y encontrarse en su miedo y desasosiego. Son ellos, los de tercera y segunda clase que no han podido comprar salvavidas ni mucho menos canoas que los auxilien. Que no tiene mas que sus propios cuerpos, la seguridad para ellos solo seria posible si el barco fuera otro. Este barco no tiene camarote para todos y nos dejó náufragos mas de una vez.
Pero no podemos contemplar la hecatombe. Si este barco se esta hundiendo, nos esta mandando nuevamente al naufragio, tendremos que hacer como aquellos miles de astilleros; construir uno nuevo, en vez de cambiar de capitán, o reparar el barco.
Solo un nuevo barco permitirá el reencuentro con la vida, la amistad con el mar, la contemplación de la inmensidad.
Rodead@s de arpones y flechas, otra vez contra todas las flechas de acero, golpeando con puño cerrado, avanzamos hacia la construcción de otra estadística del mar; sin congelamiento de salarios, sin flujos y reflujos en el agua del mar, sin burbujas financieras, sin oleadas de inflación y por sobre todas las cosas, sin presas que esperan ser devoradas.
martes, 19 de mayo de 2009
miércoles, 19 de noviembre de 2008
La gran mentira: política de DDHH en el gobierno K
A 5 años del comienzo de la era K como gobierno de nuestro país, es necesario realizar un análisis concreto sobre su estrategia política centrada en un discurso sobre los DDHH. Este discurso estratégico fue utilizado para lograr legitimidad y consenso, dentro de un contexto de conflicto social-económico, reflejado en los hechos del 19 y 20 de diciembre del 2001, en la masacre del puente pueyrredón y en una crisis de representatividad que tenía toda la clase política, cuando se reclamaba “que se vayan tod@s”.
La estrategia utilizada entonces por el presidente (electo con el 22% de los votos) fue la de lograr un amplio apoyo (cooptación) de los sectores populares y de DDHH con un discurso demagógico populista y falaz poniendo el eje en la justicia y memoria, pero obviamente con ninguna política tendiente a abordarlos realmente desde el presente. Lamentablemente su estrategia funcionó, ya que por un lado logró cooptar grandes sectores que se encontraban en lucha, quitando fuerza al campo popular que venía cuestionando abiertamente este sistema, y por otro lado, amparado en ese doble discurso, abrió el camino para seguir violando infinidades de derechos humanos básicos dando lugar a la desnutrición, la represión estatal con más de 760 víctimas de gatillo fácil, centenares de familias criminalizadas por luchar por tierra y vivienda, un servicio de salud pública lamentable y la lista sigue.
Análisis de los juicios: nuestra lucha no es su lucha
La política de ddhh que busca el juicio y castigo de todos los genocidas de la dictadura no nace a partir del gobierno de Kirchner ni mucho menos, sino que es parte de un proceso de lucha que vienen dando, desde hace muchísimos años, distintas organizaciones del campo popular, buscando que el genocidio provocado [1] no quede impune y que sus responsables sean juzgados. Es por esto que esta avanzada hacia la justicia (aunque escasa) es claramente un logro propio de esta lucha y no del gobierno kirchenrista, que si bien anuló las leyes de obediencia de vida y punto final[2] (dictadas por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín), no tiene una política comprometida con esta causa, lo cual se refleja en el hecho de que sólo hay 3 condenas firmes a los represores y muchísimas causas no son impulsadas por falta de voluntad política.
El juicio a Etchecolatz, López y el Genocidio
El día 18 de Septiembre del año 2006 se leyó la condena, cientos de personas, organizaciones políticas y de ddhh festejaban al grito de: “No fue el gobierno fue la lucha popular”. Por primera vez, la justicia había reconocido jurídicamente el genocidio implementado por la última dictadura en Argentina, al condenar por unanimidad al represor Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua por su responsabilidad en "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio".[3]
Tal como habían solicitado las querellas (la fiscalía de estado no lo hizo), el Tribunal Oral Nº 1 reconoció que los secuestros, torturas y homicidios perpetrados por Etchecolatz fueron cometidos como parte de un plan sistemático de exterminio implementado por el Terrorismo de Estado. Este fallo sentó un precedente que podría haber cambiado el rumbo de todas las causas sobre los crímenes de la dictadura, ya que permitía que represores de toda jerarquía sean indagados, procesados y condenados por este delito. Fue el primer paso para superar los procesos judiciales contra imputados aislados y por hechos fragmentarios, y para avanzar en juicios unificados, que reconozcan el carácter coordinado y sistemático de la represión ilegal. Desde distintos organismos de ddhh no alineados al gobierno, se busca una solución mediante la unificación de las causas, actualmente atomizadas.
Esta medida podría implicar una mayor celeridad y también un ahorro de recursos y actos procesales. Otra ventaja es la de lograr que l@s testigos declaren una sola vez, lo que implicaría menor sufrimiento y mayor seguridad para l@s mismos.
Frente a esta propuesta, el “gobierno de los derechos humanos”, sostiene que no es válida porque “Las leyes para delincuentes son para todos los delincuentes, para los de lesa humanidad y para los comunes también. Porque esta es la clave de la democracia. La ley igual para todos”. A este paso, en cien años se estima que se terminarían sólo los juicios de los casos ocurridos en La Plata.
Además se “olvidan” que existen leyes y convenciones internacionales que tratan a los delitos de lesa humanidad en forma particular. Pretender que los represores sean juzgados como delincuentes comunes es establecer un nuevo “punto final”, sin sanción legislativa pero lo suficientemente efectivo como para lograr que estos crímenes queden impunes[4]
Otro punto importante, es la desprotección total en la que se encuentran l@s testigos y militantes comprometid@s con esta causa. Obviamente Jorge Julio López es el claro ejemplo de cómo el aparato represivo sigue operando impunemente y de cómo el gobierno es el responsable de que esto sea así. La falta de voluntad política para llevar adelante estos juicios de una manera comprometida se evidencia (una vez más) en este caso ya que López, testigo y querellante de la causa Etchecolatz, lleva más de 18 meses desaparecido y recién hoy la causa pasa a caratularse como desaparición forzada de persona y se aparta a la policía bonaerense de la misma. Desde el primer momento el gobierno trató de distraer con la idea de que Julio López estaba perdido o escondido, y el poder judicial tardó en a admitir que estábamos frente a un secuestro. ¡Eso fue encubrimiento!
Otro caso bien reciente fue el del secuestro del militante Juan Putohd quien estuvo 27 horas desaparecido. Siendo este testigo clave en los juicios contra el represor Patti.
El gobierno es responsable de estos casos, ya que no ha tenido la decisión de desmantelar todo el aparato represivo de la dictadura militar, hoy más de 9000 efectivos que forman parte de las fuerzas de seguridad, fueron miembros de estas durante el gobierno de las juntas militares.
Como último ejemplo vamos a transcribir lo que la flamante nueva presidenta manifestó, como continuidad de esta (falsa) política.
Cristina reclamó “la finalización del juzgamiento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura”. A renglón seguido, sin sonrojarse, afirmó que se trata de 992 personas, de las cuales, dijo, hay solamente procesadas 342 cuando las leyes de impunidad se anularon hace ya cuatro años. Los 650 torturadores y asesinos restantes ni siquiera tienen que ir a declarar a un juzgado, siguen gozando de la libertad. Un simple cálculo matemático indica que si los culpables del genocidio fueron solamente 992 y hubo 651 centros de exterminio, se debería afirmar increíblemente que cada tres represores debían hacerse cargo de dos CCD[5]. Esto debía incluir complejas tareas de inteligencia; el secuestro de 30.000 personas; el traslado en móviles a CCD; los interrogatorios con torturas y finalmente el asesinato o la desaparición, para lo cual había que comandar los aviones para hacer los llamados “vuelos de la muerte”. ¡Imaginémonos que a la ESMA, donde pasaron casi 5.000 detenidos desaparecidos, la hubieran manejado sólo dos, tres, diez o cien marinos!
Más que una equivocación, el número 992 es una prueba irrefutable de que el gobierno quiere imponer un punto final evidenciando el carácter falso demagógico y oportunista, utilizando esta política también para posicionarse por izquierda en los conflictos que se le presentan, como por ejemplo en la crisis del campo, donde salió a decir que “nosotros somos el gobierno de los ddhh y ellos son los que hace 30 años apoyaron a los militares”. Esto en un marco donde la plaza de mayo materializó el éxito de su doble discurso, ya que en el acto estaba todo el sector de los movimientos territoriales (que antes luchaban contra el estado) encabezados por Emilio Pérsico, todo el sector de organismos de DDHH K con Hebe de Bonafini entregándole el pañuelo[6],
Pero todo este progresismo, no se refleja en nada en los sectores populares, la pobreza estructural continúa y crece, la inflación hace que el sueldo de los trabajadores no alcance para nada, la represión estatal sigue como siempre vigente siendo innumerables los casos de gatillo fácil, así como la represión de todas las luchas de l@s explotad@s como pasó en el casino o más recientemente en la ciudad de la plata cuando más de 700 policías desalojaron a los trabajadores de Mafissa. Pero el gobierno ha logrado construir la legitimidad y el poder necesario para que aún no sea cuestionado ni puesto en crisis por la gran mayoría del pueblo, lamentablemente por el momento su estrategia política parece haber funcionado bien.
¿DDHH? Un debate abierto
Con la política progresista del klan kirchner se ha abierto un claro debate que amerita también un posicionamiento, ya que somos much@s l@s que pensamos que los derechos humanos no quedan sólo relegados a enjuiciar a los genocidas del proceso, ni mucho menos, cuando esta es una lucha que el gobierno intenta apropiarse de una infinidad de organizaciones que lucharon años para lograr el juicio y castigo de los responsables del genocidio ocurrido en la última dictadura. Los DDHH deben ser tomados también, en lo que respecta al presente, a lo que padecen miles de personas que presas de este sistema desigual y opresor, sufren hambre, muertes evitables, explotación, torturas, etc. Es en este sentido que ponemos énfasis en remarcar que en todo lo que va del proyecto K dentro del gobierno nacional no se hizo más que continuar con la política implementada durante décadas, de vaciamiento y explotación del pueblo, y de represión, persecución y criminalización de los sectores populares que luchan día a día por lo que le es propio.
Es fundamental destacar que nuestra herramienta como abogad@s es de suma importancia en la lucha por la obtención de todos estos derechos, y formarnos como abogad@s populares es una consigna por la cual también debemos luchar, porque no se puede hablar de derecho donde hay desigualdades, ni de justicia donde hay pobreza.
¡30000 compañer@s desaparecid@s! ¡Presentes!
¡Ahora y siempre!
[1] Incluso antes del 76`con la AAA.
[2] Lo cual permitió que se abran causas a todos los participes de la dictadura.
[3] para leer fallo completo, http://www.justiciaya.org/
[4] Un pequeño avance en este sentido es la posibilidad de que en breve se abra la causa de la comisaría 5 de la plata, pero esto no asegura que sea una política general y que se abran causas en todos los centros clandestinos, esto dependerá en gran parte, también de la lucha que se de para conseguirlo
[5] Centros Clandestinos de Detención
[6] Seguramente como agradecimiento por todo lo que hace krisitina por la cooperativa de madres de plaza de mayo que, con una lógica puntera, maneja todo el negociado de construcción de viviendas en las villas del conurbano y la capital federal.
La estrategia utilizada entonces por el presidente (electo con el 22% de los votos) fue la de lograr un amplio apoyo (cooptación) de los sectores populares y de DDHH con un discurso demagógico populista y falaz poniendo el eje en la justicia y memoria, pero obviamente con ninguna política tendiente a abordarlos realmente desde el presente. Lamentablemente su estrategia funcionó, ya que por un lado logró cooptar grandes sectores que se encontraban en lucha, quitando fuerza al campo popular que venía cuestionando abiertamente este sistema, y por otro lado, amparado en ese doble discurso, abrió el camino para seguir violando infinidades de derechos humanos básicos dando lugar a la desnutrición, la represión estatal con más de 760 víctimas de gatillo fácil, centenares de familias criminalizadas por luchar por tierra y vivienda, un servicio de salud pública lamentable y la lista sigue.
Análisis de los juicios: nuestra lucha no es su lucha
La política de ddhh que busca el juicio y castigo de todos los genocidas de la dictadura no nace a partir del gobierno de Kirchner ni mucho menos, sino que es parte de un proceso de lucha que vienen dando, desde hace muchísimos años, distintas organizaciones del campo popular, buscando que el genocidio provocado [1] no quede impune y que sus responsables sean juzgados. Es por esto que esta avanzada hacia la justicia (aunque escasa) es claramente un logro propio de esta lucha y no del gobierno kirchenrista, que si bien anuló las leyes de obediencia de vida y punto final[2] (dictadas por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín), no tiene una política comprometida con esta causa, lo cual se refleja en el hecho de que sólo hay 3 condenas firmes a los represores y muchísimas causas no son impulsadas por falta de voluntad política.
El juicio a Etchecolatz, López y el Genocidio
El día 18 de Septiembre del año 2006 se leyó la condena, cientos de personas, organizaciones políticas y de ddhh festejaban al grito de: “No fue el gobierno fue la lucha popular”. Por primera vez, la justicia había reconocido jurídicamente el genocidio implementado por la última dictadura en Argentina, al condenar por unanimidad al represor Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua por su responsabilidad en "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio".[3]
Tal como habían solicitado las querellas (la fiscalía de estado no lo hizo), el Tribunal Oral Nº 1 reconoció que los secuestros, torturas y homicidios perpetrados por Etchecolatz fueron cometidos como parte de un plan sistemático de exterminio implementado por el Terrorismo de Estado. Este fallo sentó un precedente que podría haber cambiado el rumbo de todas las causas sobre los crímenes de la dictadura, ya que permitía que represores de toda jerarquía sean indagados, procesados y condenados por este delito. Fue el primer paso para superar los procesos judiciales contra imputados aislados y por hechos fragmentarios, y para avanzar en juicios unificados, que reconozcan el carácter coordinado y sistemático de la represión ilegal. Desde distintos organismos de ddhh no alineados al gobierno, se busca una solución mediante la unificación de las causas, actualmente atomizadas.
Esta medida podría implicar una mayor celeridad y también un ahorro de recursos y actos procesales. Otra ventaja es la de lograr que l@s testigos declaren una sola vez, lo que implicaría menor sufrimiento y mayor seguridad para l@s mismos.
Frente a esta propuesta, el “gobierno de los derechos humanos”, sostiene que no es válida porque “Las leyes para delincuentes son para todos los delincuentes, para los de lesa humanidad y para los comunes también. Porque esta es la clave de la democracia. La ley igual para todos”. A este paso, en cien años se estima que se terminarían sólo los juicios de los casos ocurridos en La Plata.
Además se “olvidan” que existen leyes y convenciones internacionales que tratan a los delitos de lesa humanidad en forma particular. Pretender que los represores sean juzgados como delincuentes comunes es establecer un nuevo “punto final”, sin sanción legislativa pero lo suficientemente efectivo como para lograr que estos crímenes queden impunes[4]
Otro punto importante, es la desprotección total en la que se encuentran l@s testigos y militantes comprometid@s con esta causa. Obviamente Jorge Julio López es el claro ejemplo de cómo el aparato represivo sigue operando impunemente y de cómo el gobierno es el responsable de que esto sea así. La falta de voluntad política para llevar adelante estos juicios de una manera comprometida se evidencia (una vez más) en este caso ya que López, testigo y querellante de la causa Etchecolatz, lleva más de 18 meses desaparecido y recién hoy la causa pasa a caratularse como desaparición forzada de persona y se aparta a la policía bonaerense de la misma. Desde el primer momento el gobierno trató de distraer con la idea de que Julio López estaba perdido o escondido, y el poder judicial tardó en a admitir que estábamos frente a un secuestro. ¡Eso fue encubrimiento!
Otro caso bien reciente fue el del secuestro del militante Juan Putohd quien estuvo 27 horas desaparecido. Siendo este testigo clave en los juicios contra el represor Patti.
El gobierno es responsable de estos casos, ya que no ha tenido la decisión de desmantelar todo el aparato represivo de la dictadura militar, hoy más de 9000 efectivos que forman parte de las fuerzas de seguridad, fueron miembros de estas durante el gobierno de las juntas militares.
Como último ejemplo vamos a transcribir lo que la flamante nueva presidenta manifestó, como continuidad de esta (falsa) política.
Cristina reclamó “la finalización del juzgamiento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura”. A renglón seguido, sin sonrojarse, afirmó que se trata de 992 personas, de las cuales, dijo, hay solamente procesadas 342 cuando las leyes de impunidad se anularon hace ya cuatro años. Los 650 torturadores y asesinos restantes ni siquiera tienen que ir a declarar a un juzgado, siguen gozando de la libertad. Un simple cálculo matemático indica que si los culpables del genocidio fueron solamente 992 y hubo 651 centros de exterminio, se debería afirmar increíblemente que cada tres represores debían hacerse cargo de dos CCD[5]. Esto debía incluir complejas tareas de inteligencia; el secuestro de 30.000 personas; el traslado en móviles a CCD; los interrogatorios con torturas y finalmente el asesinato o la desaparición, para lo cual había que comandar los aviones para hacer los llamados “vuelos de la muerte”. ¡Imaginémonos que a la ESMA, donde pasaron casi 5.000 detenidos desaparecidos, la hubieran manejado sólo dos, tres, diez o cien marinos!
Más que una equivocación, el número 992 es una prueba irrefutable de que el gobierno quiere imponer un punto final evidenciando el carácter falso demagógico y oportunista, utilizando esta política también para posicionarse por izquierda en los conflictos que se le presentan, como por ejemplo en la crisis del campo, donde salió a decir que “nosotros somos el gobierno de los ddhh y ellos son los que hace 30 años apoyaron a los militares”. Esto en un marco donde la plaza de mayo materializó el éxito de su doble discurso, ya que en el acto estaba todo el sector de los movimientos territoriales (que antes luchaban contra el estado) encabezados por Emilio Pérsico, todo el sector de organismos de DDHH K con Hebe de Bonafini entregándole el pañuelo[6],
Pero todo este progresismo, no se refleja en nada en los sectores populares, la pobreza estructural continúa y crece, la inflación hace que el sueldo de los trabajadores no alcance para nada, la represión estatal sigue como siempre vigente siendo innumerables los casos de gatillo fácil, así como la represión de todas las luchas de l@s explotad@s como pasó en el casino o más recientemente en la ciudad de la plata cuando más de 700 policías desalojaron a los trabajadores de Mafissa. Pero el gobierno ha logrado construir la legitimidad y el poder necesario para que aún no sea cuestionado ni puesto en crisis por la gran mayoría del pueblo, lamentablemente por el momento su estrategia política parece haber funcionado bien.
¿DDHH? Un debate abierto
Con la política progresista del klan kirchner se ha abierto un claro debate que amerita también un posicionamiento, ya que somos much@s l@s que pensamos que los derechos humanos no quedan sólo relegados a enjuiciar a los genocidas del proceso, ni mucho menos, cuando esta es una lucha que el gobierno intenta apropiarse de una infinidad de organizaciones que lucharon años para lograr el juicio y castigo de los responsables del genocidio ocurrido en la última dictadura. Los DDHH deben ser tomados también, en lo que respecta al presente, a lo que padecen miles de personas que presas de este sistema desigual y opresor, sufren hambre, muertes evitables, explotación, torturas, etc. Es en este sentido que ponemos énfasis en remarcar que en todo lo que va del proyecto K dentro del gobierno nacional no se hizo más que continuar con la política implementada durante décadas, de vaciamiento y explotación del pueblo, y de represión, persecución y criminalización de los sectores populares que luchan día a día por lo que le es propio.
Es fundamental destacar que nuestra herramienta como abogad@s es de suma importancia en la lucha por la obtención de todos estos derechos, y formarnos como abogad@s populares es una consigna por la cual también debemos luchar, porque no se puede hablar de derecho donde hay desigualdades, ni de justicia donde hay pobreza.
¡30000 compañer@s desaparecid@s! ¡Presentes!
¡Ahora y siempre!
[1] Incluso antes del 76`con la AAA.
[2] Lo cual permitió que se abran causas a todos los participes de la dictadura.
[3] para leer fallo completo, http://www.justiciaya.org/
[4] Un pequeño avance en este sentido es la posibilidad de que en breve se abra la causa de la comisaría 5 de la plata, pero esto no asegura que sea una política general y que se abran causas en todos los centros clandestinos, esto dependerá en gran parte, también de la lucha que se de para conseguirlo
[5] Centros Clandestinos de Detención
[6] Seguramente como agradecimiento por todo lo que hace krisitina por la cooperativa de madres de plaza de mayo que, con una lógica puntera, maneja todo el negociado de construcción de viviendas en las villas del conurbano y la capital federal.
lunes, 10 de noviembre de 2008
La única lucha que se pierde es la que se abandona
Han pasado las elecciones estudiantiles 2008 y en la Fac. de derecho quedó confirmado que el MIU es la alternativa popular, critica, democrática y pluralista.. Respaldada formalmente por 2000 votos que apoyaron el proyecto, pero materialmente sostenida por tod@s aquell@s que se acercaron a construir y participar para transformar la facultad.
En la UNLP sólo hubo cambio de conducción en Psicología, quedando la izquierda fortalecida ya que esto significó el crecimiento del frente que conduce la Federación Universitaria de La Plata (FULP), del cual el MIU y nuestra corriente CAUCE formamos parte.
Hemos trabajado duro en esta elección, hemos dado una discusión política en torno a qué facultad y qué universidad queremos, para quién y cómo, hemos dado pelea contra el ahogo presupuestario de los k para que la educación y la salud no paguen la crisis. Y repetimos; más de 2000 estudiantes seguimos apostando a esta alternativa independiente de las autoridades y el gobierno k. haciéndonos parte de este proyecto que demostró las potencialidades que tenemos l@s estudiantes cuándo nos autoorganizamos.
Todo esto a pesar de habernos encontrado en un escenario electoral demasiado deshonesto. La Franja Morada no salió a dar una discusión política, de proyecto, de ideas, de propuestas sino que por el contrario a salido a difamar y agraviar a la oposición con el oportunismo más mediocre. Ridículamente salió a decir que el MIU no es una agrupación independiente sino bancada económicamente por los k. Sin embargo basta con leer todos nuestros materiales desde el 2002 cuando aún antes de asumir k denunciábamos a este gobierno como la continuidad de Alfonsin, Menen, De la Rua, Duhalde. (Recordamos que durante estos 6 años de existencia del Miu, ellos han cambiado de discurso respecto a nuestra independencia, han dicho años anteriores que nos bancaba Castells, también Cafiero, o que somos la “izquierda extrema y radicalizada”)
Hemos escuchado que en los tres días de elecciones los morados le decían a los estudiantes que “el MIU trae violadores a la facultad”, o que “quiere prender fuego el edificio”, que “los militantes del MIU son sucios”, etc. Subestimando a l@s estudiantes de una manera vulgar ¡¡¡Si parece mentira pero con estos ejes la franja morada hizo campaña!!!
Por estas razones la elección estuvo polarizada fuertemente, ya que a pesar de haberse presentado 13 listas!! (Si, si, muchas fantasmas porque en realidad somos poquísimas las agrupaciones que trabajamos todo el año) el grueso del caudal de votos estuvo repartido entre la franja morada (40%) y el MIU (32%) quedando el resto de las listas muy por detrás. (La tercera fuerza, Unite, descendió varios puntos quedando finalmente con el 5 %). Creemos que esto es resultado de una disputa de dos proyecto claramente opuestos, no sólo en su forma sino en su contenido, y es por eso mismo que consideramos a esta elección como un TRIUNFO. Porque hemos sostenido durante dos años consecutivos la misma cantidad de votos, en un contexto claramente hostil para el MIU: luego del resultado fraudulento del año pasado (donde solo faltaron 80 votos para que el MIU ganara) nos hemos encontrado con claras ofensivas por parte de las autoridades. Desde el sumario a dos militantes del miu, (practicas que recuerdan a épocas donde la universidad estuvo intervenida por los gobiernos militares), a la censura y la persecución política., ya que durante los primeros meses del 2008 nuestros materiales de trabajo y difusión (carteleras , mesas, etc.) desaparecían de la facultad sorpresivamente, pasando también por instancias donde las autoridades sistemáticamente se negaban a darnos aulas para poder tener nuestras actividades (charlas debate, ciclos de cine, jornadas. etc.). Aun con todas estas trabas el MIU siguió.
Triunfamos frente a una forma de hacer política, una forma mediocre y vacía, triunfamos frente a un partido tradicional (UCR) que ha hecho de nuestra universidad su sequito de poder, que ha avanzado contra la educación pública y gratuita cuando aprobó y legitimo la LES menemista, violatoria de todos los principios consagrados en la histórica reforma del `18.
Por eso vamos a seguir, porque el 32 % de l@s estudiantes queremos un cambio y estamos trabajando para eso, convencidos de que la lucha no se define en una elección sino en la disputa constante de proyecto, de pensamiento. Por eso hay movimiento para rato, porque como dicen nuestras remeras: ¡¡la única lucha que se pierde es la que se abandona!!
En la UNLP sólo hubo cambio de conducción en Psicología, quedando la izquierda fortalecida ya que esto significó el crecimiento del frente que conduce la Federación Universitaria de La Plata (FULP), del cual el MIU y nuestra corriente CAUCE formamos parte.
Hemos trabajado duro en esta elección, hemos dado una discusión política en torno a qué facultad y qué universidad queremos, para quién y cómo, hemos dado pelea contra el ahogo presupuestario de los k para que la educación y la salud no paguen la crisis. Y repetimos; más de 2000 estudiantes seguimos apostando a esta alternativa independiente de las autoridades y el gobierno k. haciéndonos parte de este proyecto que demostró las potencialidades que tenemos l@s estudiantes cuándo nos autoorganizamos.
Todo esto a pesar de habernos encontrado en un escenario electoral demasiado deshonesto. La Franja Morada no salió a dar una discusión política, de proyecto, de ideas, de propuestas sino que por el contrario a salido a difamar y agraviar a la oposición con el oportunismo más mediocre. Ridículamente salió a decir que el MIU no es una agrupación independiente sino bancada económicamente por los k. Sin embargo basta con leer todos nuestros materiales desde el 2002 cuando aún antes de asumir k denunciábamos a este gobierno como la continuidad de Alfonsin, Menen, De la Rua, Duhalde. (Recordamos que durante estos 6 años de existencia del Miu, ellos han cambiado de discurso respecto a nuestra independencia, han dicho años anteriores que nos bancaba Castells, también Cafiero, o que somos la “izquierda extrema y radicalizada”)
Hemos escuchado que en los tres días de elecciones los morados le decían a los estudiantes que “el MIU trae violadores a la facultad”, o que “quiere prender fuego el edificio”, que “los militantes del MIU son sucios”, etc. Subestimando a l@s estudiantes de una manera vulgar ¡¡¡Si parece mentira pero con estos ejes la franja morada hizo campaña!!!
Por estas razones la elección estuvo polarizada fuertemente, ya que a pesar de haberse presentado 13 listas!! (Si, si, muchas fantasmas porque en realidad somos poquísimas las agrupaciones que trabajamos todo el año) el grueso del caudal de votos estuvo repartido entre la franja morada (40%) y el MIU (32%) quedando el resto de las listas muy por detrás. (La tercera fuerza, Unite, descendió varios puntos quedando finalmente con el 5 %). Creemos que esto es resultado de una disputa de dos proyecto claramente opuestos, no sólo en su forma sino en su contenido, y es por eso mismo que consideramos a esta elección como un TRIUNFO. Porque hemos sostenido durante dos años consecutivos la misma cantidad de votos, en un contexto claramente hostil para el MIU: luego del resultado fraudulento del año pasado (donde solo faltaron 80 votos para que el MIU ganara) nos hemos encontrado con claras ofensivas por parte de las autoridades. Desde el sumario a dos militantes del miu, (practicas que recuerdan a épocas donde la universidad estuvo intervenida por los gobiernos militares), a la censura y la persecución política., ya que durante los primeros meses del 2008 nuestros materiales de trabajo y difusión (carteleras , mesas, etc.) desaparecían de la facultad sorpresivamente, pasando también por instancias donde las autoridades sistemáticamente se negaban a darnos aulas para poder tener nuestras actividades (charlas debate, ciclos de cine, jornadas. etc.). Aun con todas estas trabas el MIU siguió.
Triunfamos frente a una forma de hacer política, una forma mediocre y vacía, triunfamos frente a un partido tradicional (UCR) que ha hecho de nuestra universidad su sequito de poder, que ha avanzado contra la educación pública y gratuita cuando aprobó y legitimo la LES menemista, violatoria de todos los principios consagrados en la histórica reforma del `18.
Por eso vamos a seguir, porque el 32 % de l@s estudiantes queremos un cambio y estamos trabajando para eso, convencidos de que la lucha no se define en una elección sino en la disputa constante de proyecto, de pensamiento. Por eso hay movimiento para rato, porque como dicen nuestras remeras: ¡¡la única lucha que se pierde es la que se abandona!!
martes, 21 de octubre de 2008
Esa falta... ¡es penal!
“¿Cuál es la función que se atribuye al Estado? El Estado debe ocuparse de la disciplina de la mano de obra barata, condenada a salarios enanos, y a la represión de las peligrosas legiones de brazos que no encuentran trabajo: un Estado juez y gendarme, y poco más. De los otros servicios públicos, ya se encargará el mercado, y de la pobreza, gente pobre, regiones pobres, ya se ocupará Dios, si la policía no alcanza.” Eduardo Galeano.
Una mujer o una travesti prostituidas, una persona que pide limosna, alguien que duerme en una cañería o un parque, los artesanos que tiran sus paños en las plazas, o los que venden libros a la salida de la facultad, un grupo de jóvenes que pegan carteles en una pared, alguien que se tomo unas copas de mas, un grupo de gente que se reúne, reclama y grita… todos contraventores, están infringiendo la ley, las características y circunstancias que mencionamos son suficiente justificativo para que la fuerza represiva estatal quede habilitada a intervenir en cualquiera de estos casos y te lleve preso. El “legislador” las considera actitudes desviadas, impropias de los ciudadanos decentes y, por eso, deben ser perseguidas y sancionadas. Para esto esta el código de faltas, para perseguir, reprimir, y encarcelar.
Nos encontramos nuevamente ante una herramienta criminalizadora de la pobreza, así sus artículos suelen ser invocados para justificar la detención de todos aquellos a quienes los “ciudadanos bien” no quieren ver, aquello que la gente decente no tiene “porque tolerar”, porque la ciudad es de la gente decente, y no de esos “desviados y delincuentes” que, encima, se aferran a la vida con incomprensible tesón.
A los “ciudadanos” les molesta, y el código que, como siempre decimos, refleja los intereses de la clase dominante, autoriza a la policía a meterle palo a los y las indeseables.
La moral burguesa, que, gracias a los aparatos ideológicos llega y se instala en todas las clases sociales, haciéndonos creer que sus intereses son los de toda la sociedad, y sus problemas también, se impone una vez más. La legislación es una legislación evidentemente de clase, siempre las leyes son dictadas por una elite gobernante que lo hace de acuerdo a su concepción del mundo y de la vida y a su escala de valores imponiéndose así al resto de los mortales. Así se reprimen las conductas y las personas “desviadas, deshonestas, viciosas” de acuerdo a esos parámetros morales. En este código anacrónico, extremadamente autoritario, repleto de términos y conceptos discriminatorios queda bien instalado quienes están de un lado y quienes del otro, quienes son los delincuentes y los peligrosos y quienes los ciudadanos bien.
En nuestra provincia y en nuestro país tenemos una completa artillería de leyes y artículos que reprimen y persiguen la pobreza y la protesta, muchos de ellos han sido analizados en anteriores números de esta revista, el código de faltas es un importantísima herramienta para esto, porque opera cotidianamente, porque la policía realiza gran parte de las detenciones basándose en las disposiciones de este código. El código de faltas de la provincia de Buenos aires esta vigente y se aplica aunque en el camino quede un tendal de normativa constitucional pisoteada y se dejen olvidados los tan pregonados principios constitucionales, veamos de que se trata…
Para comenzar: una pequeña reflexión
Cuando hablamos de un código de faltas hablamos de contravenciones, y, en primer lugar, queremos remarcar la entidad penal del derecho contravencional, este no es mas que una rama del Derecho penal, del cual esta diferenciado tan solo por su menor cuantía y su tipicidad orientada hacia la normal convivencia de una población determinada. Por lo tanto se deben respetar todas las garantías penales y procesales y no se pueden desconocer ninguno de los principios a que debe atenerse al ejercicio del poder punitivo conforme a la Constitución Nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No hay razones, al menos desde el punto de vista teórico, para que esta normativa que establece sanciones privativas de la libertad no cumpla con los requisitos del tipo penal.
De actores y actos
La mayoría de las contravenciones del código de faltas de la Provincia se acercan a lo que se conoce como "derecho penal de autor", es decir, aquel que no llega a describir acciones sino a lo sumo carencias y capacidades: se sancionan "categoría de personas". Se persiguen modos de vida “desviados”, haciendo derecho penal de autor: no te condeno por lo que hagas, sino por lo que sos (alcohólico, travesti, mendigo), o simplemente por apartarte de conceptos de la moral “media”. Lo opuesto al derecho penal de acto, en donde prima el principio de lesividad como requisito de toda intervención penal. Estas normas pues, construidas en contra del principio de separación entre derecho y moral, abren las puertas a la discrecionalidad, al abuso, y muchas veces a la corrupción, ya que prohíbe o margina a categoría de personas por el solo hecho de serlas.
“Los sanos sentimientos del pueblo argentino”
Como ya hemos dicho el derecho contravencional es derecho penal, y como tal debe cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Nacional para que la aplicación del poder punitivo estatal sea legitima. Sin embargo el Código de faltas de la provincia de Buenos Aires lejos esta de ello, al recorrer sus artículos notamos la violación sistemática de los principios constitucionales. Así sucede con el principio de legalidad, la normativa del código lo desconoce al emplear denominaciones ambiguas que pueden dar lugar a variadas interpretaciones, al incluir normas donde las conductas prohibidas no se definen con exactitud, sino por referencia a conceptos indeterminados, como "se reúnan tumultuosamente… provoquen de cualquier manera", "el sujeto de malos hábitos", "en actitud sospechosa", "prácticas viciosas de homosexuales". Tipos contravencionales tan "abiertos" se asemejan a las fórmulas de los estados totalitarios: no se está lejos de utilizar la misma justificación que las "ofensas a los sanos sentimientos del pueblo alemán" en la época nazi.
Por otro lado, de acuerdo a nuestra constitución no se concibe habilitación alguna del poder punitivo sin afectación (lesión o puesta en peligro) de los bienes jurídicos tenidos en consideración por el legislador al momento de sancionar la norma contravencional. Ello en virtud del art. 19 de la Constitución Nacional. Juliano, juez correccional de Necochea analiza el alcance de este articulo y afirma que “ dicha cláusula sienta dos pautas fundamentales: a) que las únicas conductas de los hombres susceptibles de caer bajo la autoridad de los magistrados (criminalización, contravencionalización) son aquellas que ocasionan una lesión (o al menos la puesta en peligro) de bienes jurídicos relevantes para la sociedad o las personas, y b) que el Estado no puede imponer al resto de la sociedad un modelo moral al cual deban ajustarse los individuos.”Pero el código desentendiéndose de ello sanciona al que "en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario"(art. 92). Esta norma por la cual se sanciona comúnmente el travestismo, es inconstitucional, por que no existe posibilidad alguna de lesionar o poner en peligro bien jurídico alguno. Una vez mas el Estado pretende imponernos como vestirnos o como no, es evidente la inconstitucionalidad de esta normativa, pretender que el Estado pueda regir la vestimenta que tiene que usar la población es jurídicamente repugnante.
Esta norma es de cotidiana utilización, el circuito es evidente: el Estado habilita, a través del código, a la policía a arrestar a las travestis, la policía lo hace y en algunos casos exige coimas para “dejarlas tranquilas”, así el trabajo de las travestis pasa a engrosar numerosas cajas negras de la corrupción.
El articulo 68 dispone que "será sancionado…la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”. Otra vez palabras por demás imprecisas, asimismo se expande el espacio de acción de la norma de lo público a lo privado. Parece que la norma considera a esas personas como particularmente “molestas” y por eso habilita a arrestarlas aun cuando el “escándalo” lo produjeren en su hogar. Para el legislador estas personas tienen menos derechos que el resto de los mortales por su condición o por su identidad, dado que no se dispone lo mismo para otras “actividades que pudieran traer aparejadas las mismas consecuencias” [i]. Relacionar y vincular el ejercicio de la prostitución con el escándalo y las molestias es un verdadero prejuicio de neto corte discriminatorio.
Asimismo el código sanciona “al propietario… del hotel…cuando en sus dependencias se produjere escándalo con motivo de ejercicio de la prostitución o por actitudes o prácticas viciosas de homosexuales…”; una vez mas la relación es directa: la prostitucion implica escándalo y los homosexuales realizan practicas viciosas, nos preguntamos ¿Qué se entiende por vicioso? ¿Vicioso para quien? ¿Desde que posicionamiento moral hipócrita se realiza esa afirmación? Otra expresión discriminatoria, prejuiciosa y autoritaria. Una vez mas el código nos impone como debemos vivir.
Ya sabemos cuanto “molestan” las prostitutas, los homosexuales y travestis, ahora veremos cuanto molesta la pobreza extrema, porque (este parece ser el razonamiento) el ciudadano bien no tiene porque ver y tolerar la miseria de los “otros”. El artículo 67 se encarga de sancionar con arresto la mendicidad y también a “El que habitare sin motivo razonable en puentes, cañerías… o en cualquier otro sitio no adecuado para la vivienda humana". Claro ejemplo de la criminalizacion de la pobreza, una vez mas cabe preguntarnos ¿Cual es el bien jurídico que se esta protegiendo?
Siguiendo con la lista de “desviados” que trae nuestro código encontramos que el artículo 72 sanciona al ebrio. Afirma el Juez Correccional de Necochea, que la acción de beber, forma parte de la forma de conducción de la vida que cada uno escoge, y por tanto completamente amparado por el principio de reserva (art. 19 constitucional), asimismo afirma que "embriagarse", no es contrario a la moral pública, sino contrario a determinada norma moral, de un determinado grupo de personas, en algún momento de la vida de éstas.
Como vemos el código esta repleto de términos discriminatorios, violentos, autoritarios y arcaicos. La existencia de legislaciones como esta "legitiman" los procedimientos policiales que favorecen el abuso y la corrupción. Insistimos, porque aun a nosotros nos cuesta creerlo: esta legislación esta vigente y es una herramienta ideal para acallar, pisotear, degradar, controlar y reprimir, a los que “sobran”, evitando la burocracia de un proceso penal con garantías.
Entendemos que es fundamental debatir estas cuestiones en la facultad, para poder hacer un aporte critico que permita recorrer, junto a otros actores, un camino que nos lleve a la derogación de estas normas violatorias de los derechos humanos.
[i] Sentencia en Causa nº Nº 4884 caratulada: "N.N. s/Denuncia”, septiembre 2006, allí el juez en lo correccional de Necochea declaro la inconstitucionalidad de este articulo por ser contrario al art. 19 y al 16 de la CN.
Una mujer o una travesti prostituidas, una persona que pide limosna, alguien que duerme en una cañería o un parque, los artesanos que tiran sus paños en las plazas, o los que venden libros a la salida de la facultad, un grupo de jóvenes que pegan carteles en una pared, alguien que se tomo unas copas de mas, un grupo de gente que se reúne, reclama y grita… todos contraventores, están infringiendo la ley, las características y circunstancias que mencionamos son suficiente justificativo para que la fuerza represiva estatal quede habilitada a intervenir en cualquiera de estos casos y te lleve preso. El “legislador” las considera actitudes desviadas, impropias de los ciudadanos decentes y, por eso, deben ser perseguidas y sancionadas. Para esto esta el código de faltas, para perseguir, reprimir, y encarcelar.
Nos encontramos nuevamente ante una herramienta criminalizadora de la pobreza, así sus artículos suelen ser invocados para justificar la detención de todos aquellos a quienes los “ciudadanos bien” no quieren ver, aquello que la gente decente no tiene “porque tolerar”, porque la ciudad es de la gente decente, y no de esos “desviados y delincuentes” que, encima, se aferran a la vida con incomprensible tesón.
A los “ciudadanos” les molesta, y el código que, como siempre decimos, refleja los intereses de la clase dominante, autoriza a la policía a meterle palo a los y las indeseables.
La moral burguesa, que, gracias a los aparatos ideológicos llega y se instala en todas las clases sociales, haciéndonos creer que sus intereses son los de toda la sociedad, y sus problemas también, se impone una vez más. La legislación es una legislación evidentemente de clase, siempre las leyes son dictadas por una elite gobernante que lo hace de acuerdo a su concepción del mundo y de la vida y a su escala de valores imponiéndose así al resto de los mortales. Así se reprimen las conductas y las personas “desviadas, deshonestas, viciosas” de acuerdo a esos parámetros morales. En este código anacrónico, extremadamente autoritario, repleto de términos y conceptos discriminatorios queda bien instalado quienes están de un lado y quienes del otro, quienes son los delincuentes y los peligrosos y quienes los ciudadanos bien.
En nuestra provincia y en nuestro país tenemos una completa artillería de leyes y artículos que reprimen y persiguen la pobreza y la protesta, muchos de ellos han sido analizados en anteriores números de esta revista, el código de faltas es un importantísima herramienta para esto, porque opera cotidianamente, porque la policía realiza gran parte de las detenciones basándose en las disposiciones de este código. El código de faltas de la provincia de Buenos aires esta vigente y se aplica aunque en el camino quede un tendal de normativa constitucional pisoteada y se dejen olvidados los tan pregonados principios constitucionales, veamos de que se trata…
Para comenzar: una pequeña reflexión
Cuando hablamos de un código de faltas hablamos de contravenciones, y, en primer lugar, queremos remarcar la entidad penal del derecho contravencional, este no es mas que una rama del Derecho penal, del cual esta diferenciado tan solo por su menor cuantía y su tipicidad orientada hacia la normal convivencia de una población determinada. Por lo tanto se deben respetar todas las garantías penales y procesales y no se pueden desconocer ninguno de los principios a que debe atenerse al ejercicio del poder punitivo conforme a la Constitución Nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No hay razones, al menos desde el punto de vista teórico, para que esta normativa que establece sanciones privativas de la libertad no cumpla con los requisitos del tipo penal.
De actores y actos
La mayoría de las contravenciones del código de faltas de la Provincia se acercan a lo que se conoce como "derecho penal de autor", es decir, aquel que no llega a describir acciones sino a lo sumo carencias y capacidades: se sancionan "categoría de personas". Se persiguen modos de vida “desviados”, haciendo derecho penal de autor: no te condeno por lo que hagas, sino por lo que sos (alcohólico, travesti, mendigo), o simplemente por apartarte de conceptos de la moral “media”. Lo opuesto al derecho penal de acto, en donde prima el principio de lesividad como requisito de toda intervención penal. Estas normas pues, construidas en contra del principio de separación entre derecho y moral, abren las puertas a la discrecionalidad, al abuso, y muchas veces a la corrupción, ya que prohíbe o margina a categoría de personas por el solo hecho de serlas.
“Los sanos sentimientos del pueblo argentino”
Como ya hemos dicho el derecho contravencional es derecho penal, y como tal debe cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Nacional para que la aplicación del poder punitivo estatal sea legitima. Sin embargo el Código de faltas de la provincia de Buenos Aires lejos esta de ello, al recorrer sus artículos notamos la violación sistemática de los principios constitucionales. Así sucede con el principio de legalidad, la normativa del código lo desconoce al emplear denominaciones ambiguas que pueden dar lugar a variadas interpretaciones, al incluir normas donde las conductas prohibidas no se definen con exactitud, sino por referencia a conceptos indeterminados, como "se reúnan tumultuosamente… provoquen de cualquier manera", "el sujeto de malos hábitos", "en actitud sospechosa", "prácticas viciosas de homosexuales". Tipos contravencionales tan "abiertos" se asemejan a las fórmulas de los estados totalitarios: no se está lejos de utilizar la misma justificación que las "ofensas a los sanos sentimientos del pueblo alemán" en la época nazi.
Por otro lado, de acuerdo a nuestra constitución no se concibe habilitación alguna del poder punitivo sin afectación (lesión o puesta en peligro) de los bienes jurídicos tenidos en consideración por el legislador al momento de sancionar la norma contravencional. Ello en virtud del art. 19 de la Constitución Nacional. Juliano, juez correccional de Necochea analiza el alcance de este articulo y afirma que “ dicha cláusula sienta dos pautas fundamentales: a) que las únicas conductas de los hombres susceptibles de caer bajo la autoridad de los magistrados (criminalización, contravencionalización) son aquellas que ocasionan una lesión (o al menos la puesta en peligro) de bienes jurídicos relevantes para la sociedad o las personas, y b) que el Estado no puede imponer al resto de la sociedad un modelo moral al cual deban ajustarse los individuos.”Pero el código desentendiéndose de ello sanciona al que "en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario"(art. 92). Esta norma por la cual se sanciona comúnmente el travestismo, es inconstitucional, por que no existe posibilidad alguna de lesionar o poner en peligro bien jurídico alguno. Una vez mas el Estado pretende imponernos como vestirnos o como no, es evidente la inconstitucionalidad de esta normativa, pretender que el Estado pueda regir la vestimenta que tiene que usar la población es jurídicamente repugnante.
Esta norma es de cotidiana utilización, el circuito es evidente: el Estado habilita, a través del código, a la policía a arrestar a las travestis, la policía lo hace y en algunos casos exige coimas para “dejarlas tranquilas”, así el trabajo de las travestis pasa a engrosar numerosas cajas negras de la corrupción.
El articulo 68 dispone que "será sancionado…la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”. Otra vez palabras por demás imprecisas, asimismo se expande el espacio de acción de la norma de lo público a lo privado. Parece que la norma considera a esas personas como particularmente “molestas” y por eso habilita a arrestarlas aun cuando el “escándalo” lo produjeren en su hogar. Para el legislador estas personas tienen menos derechos que el resto de los mortales por su condición o por su identidad, dado que no se dispone lo mismo para otras “actividades que pudieran traer aparejadas las mismas consecuencias” [i]. Relacionar y vincular el ejercicio de la prostitución con el escándalo y las molestias es un verdadero prejuicio de neto corte discriminatorio.
Asimismo el código sanciona “al propietario… del hotel…cuando en sus dependencias se produjere escándalo con motivo de ejercicio de la prostitución o por actitudes o prácticas viciosas de homosexuales…”; una vez mas la relación es directa: la prostitucion implica escándalo y los homosexuales realizan practicas viciosas, nos preguntamos ¿Qué se entiende por vicioso? ¿Vicioso para quien? ¿Desde que posicionamiento moral hipócrita se realiza esa afirmación? Otra expresión discriminatoria, prejuiciosa y autoritaria. Una vez mas el código nos impone como debemos vivir.
Ya sabemos cuanto “molestan” las prostitutas, los homosexuales y travestis, ahora veremos cuanto molesta la pobreza extrema, porque (este parece ser el razonamiento) el ciudadano bien no tiene porque ver y tolerar la miseria de los “otros”. El artículo 67 se encarga de sancionar con arresto la mendicidad y también a “El que habitare sin motivo razonable en puentes, cañerías… o en cualquier otro sitio no adecuado para la vivienda humana". Claro ejemplo de la criminalizacion de la pobreza, una vez mas cabe preguntarnos ¿Cual es el bien jurídico que se esta protegiendo?
Siguiendo con la lista de “desviados” que trae nuestro código encontramos que el artículo 72 sanciona al ebrio. Afirma el Juez Correccional de Necochea, que la acción de beber, forma parte de la forma de conducción de la vida que cada uno escoge, y por tanto completamente amparado por el principio de reserva (art. 19 constitucional), asimismo afirma que "embriagarse", no es contrario a la moral pública, sino contrario a determinada norma moral, de un determinado grupo de personas, en algún momento de la vida de éstas.
Como vemos el código esta repleto de términos discriminatorios, violentos, autoritarios y arcaicos. La existencia de legislaciones como esta "legitiman" los procedimientos policiales que favorecen el abuso y la corrupción. Insistimos, porque aun a nosotros nos cuesta creerlo: esta legislación esta vigente y es una herramienta ideal para acallar, pisotear, degradar, controlar y reprimir, a los que “sobran”, evitando la burocracia de un proceso penal con garantías.
Entendemos que es fundamental debatir estas cuestiones en la facultad, para poder hacer un aporte critico que permita recorrer, junto a otros actores, un camino que nos lleve a la derogación de estas normas violatorias de los derechos humanos.
[i] Sentencia en Causa nº Nº 4884 caratulada: "N.N. s/Denuncia”, septiembre 2006, allí el juez en lo correccional de Necochea declaro la inconstitucionalidad de este articulo por ser contrario al art. 19 y al 16 de la CN.
sábado, 11 de octubre de 2008
El Precio de ser mujer
”Sin desigualdad entre hombres y mujeres, sin policía corrupta, represiva y proxeneta, sin este sistema capitalista, sin un estado cómplice, no habría prostitución ni trata de mujeres y niñas”
La trata de personas es la captación y traslado de seres humanos recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza, coacción, ardid o engaño, con fines de explotación. Esta práctica toma diferentes formas, ya sea para la explotación laboral en minas, plantaciones, construcciones etc., para usos militares como ser soldados cautivos o tropas irregulares de niños, la reducción a servidumbre , esclavitud lisa y llana , o la explotación sexual por medio de la prostitucíon forzada, la pornografía, la pedofília o el turismo sexual.[1]
Con el cambio que implicó la introducción del liberalismo en las relaciones entre trabajadores y patrones, se creyó que éstas, de ahora en más, iban a desenvolverse en un marco de libertad (dándole a esta palabra el sentido propio del pensamiento liberal). Si bien esto se dio en gran parte de la actividad económica, en aquellos sectores en los que dicha libertad no resultaba rentable para el capitalista, se siguió implementando la institución de la esclavitud.
Uno de los casos más complejos, y vigentes en la actualidad, es el de la trata de mujeres con el fin de prostituirlas. En este caso, las condiciones de esclavitud son “rentables” para el proxeneta, hasta el punto de obligar a las mujeres a consumir estupefacientes para extender la “jornada de trabajo”.
El camino para pasar de ser humana a ser objeto..
Por un lado tenemos un sistema patriarcal que considera a la mujer como un ser sumiso, subordinado al hombre y semejante a un objeto susceptible de ser apropiado. Por otro lado, el capitalismo que subsiste a través de la explotación de l@s trabajadores/as, que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario mínimo para vivir. También el capitalismo nos enseño que todo puede ser objeto de consumo, siempre y cuando exista una demanda. La unión de estos dos conceptos arroja como resultado la explotación, ya no de la fuerza de trabajo de la mujer, sino de su propio cuerpo como objeto.
De esta manera el modelo patriarcal, su hijo el machismo y su mejor amigo el capitalismo, han prostituido a otra mujer.
Para abordar esta temática es fundamental desenmascarar innumerables prejuicios, no ingenuamente instalados en la sociedad. Históricamente y socialmente prostitución se identifica con mujer, invisibilizando así a aquellos que también forman parte de la misma, encubriendo a los grandes beneficiarios, clientes y proxenetas, y responsabilizando a las víctimas de este gran negocio, las mujeres y niñas.
Es por todo esto que el primer término del cual hay que despojarse es el de “prostituta” e instalar otro más real que es el de “mujer prostituida”.De esta manera, inevitablemente, surge el interrogante ¿quién es el que la prostituye? y es así como surge la figura del cliente como sujeto activo prostituyente.
También es necesario extirpar la idea de que para erradicar la prostitución hay que focalizar solamente en la persona que la ejerce, sin considerar los factores que la inducen. Es decir, no sólo hay que hacer hincapié en la oferta de la prostitución, sino fundamentalmente en el rol que cumple el cliente por su creciente demanda.
Las mujeres no “se prostituyen”, son prostituidas por clientes y proxenetas protegidos por el estado, compelidas por la necesidad económica, por presiones de toda clase, por la violencia real y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales, que consideran que las mujeres son objetos disponibles para satisfacer supuestas necesidades de los hombres. Es fundamental eliminar de una vez por todas la doble moral social, que condena a las mujeres prostituidas y que justifica a los hombres que demandan la prostitución. Estos prejuicios enormemente arraigados en la sociedad son fundamentales para que la dominación patriarcal subsista.
Nos parece importante destacar, también, que la prostitución es dominación y explotación de unos seres humanos sobre otro grupo de seres humanas. Aquí surge un interrogante ¿puede considerarse a la prostitución como un trabajo o no? Por un lado se plantea que si se legaliza la prostitución se esta legitimando la cosificación de la mujer, por otro lado si se legaliza se estarían reconociendo los derechos de las “trabajadoras del sexo”.
Otra interrogante que surge es el siguiente, así como una mujer “elige”[2] ser explotada, violada y reducida a un objeto, ¿acaso un/a miner@ elige libremente trabajar en las minas, para morir luego de 5 años a causa de ese trabajo que le consume su vida? ¿Acaso el/la miner@ no esta siendo explotad@, reducid@ a un mero instrumento de trabajo?¿ Acaso no son víctimas de un mismo sistema capitalista que los explota?
TOP 5 DEL SEÑOR CAPITALISTA PARA GENERAR LAS CONDICIONES IDEALES DE PROSTITUCION
1-Generar las condiciones de pobreza extremas que arroje al mercado mujeres desesperadas. Esto se refleja en el hecho que las mujeres constituyen el 70% de los 1.300 millones de pobres absolutos del mundo.[3]
2-Generar un ideal cultural de mujer que la cosifique y la reduzca a un mero objeto sexual, anexándole un avasallamiento de oferta sexual desde los medios de comunicación (desde las revistas o hasta en los diarios en los clasificados[4]).Uno de sus efectos es sufrido cotidianamente por montones de mujeres de cualquier clase, la violencia sexual, que va desde un “inocente” piropo en la calle, hasta las aberrantes violaciones que se dan diariamente, no solo en la calle, sino también en la casa en manos de algún familiar o cónyuge.
3- Fortalecer las relaciones de fraternidad entre la policía, los proxenetas y el derecho.
4- Invisibilizar a los clientes justificando la satisfacción de “sus necesidades irrefrenables”
5- Asegurarse una buena red de secuestros, ya que una chica significa para un explotador alrededor de 12.000 pesos mensuales.[5]
Policía, Estado y Derecho la gran sociedad proxeneta
No hay redes de trata sin corrupción judicial, policial y estatal. La trata es un delito que financia las cajas negras de la política. Esto se refleja en el hecho de que no hay que recurrir a los jefes policiales locales para una investigación, porque el jefe de una zona invariablemente recauda dinero para prostitución, como de la droga y el juego. El Estado es negligente, cuando no cómplice y esta telaraña de complicidades está fortalecida por la convicción popular de la necesidad y la intemporalidad de los prostíbulos, prohibidos inequívocamente por la ley nacional, pero “habilitados” por los municipio y naturalizados por el sentido común.
Este sistema hace uso de todas sus instituciones para perpetuarse, siendo así como el Derecho, su gran arma legitimadora, le da un carácter legal a aquellos presupuestos que le son funcionales para imponerse.
Un ejemplo de esto es la ley de trata, la cual toma la definición de trata del Protocolo de Palermo:
A-“Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, (…), recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto(…) o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
B- El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas (…) no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;
C- La captación, (…) o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
D- Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.”
Al adoptar la definición del protocolo de Palermo, se incluyen en la definición de trata los vicios del consentimiento de las victimas y los medios que usa el delincuente (abuso, engaño, violencia, etc.), los cuales deberían ser agravantes del delito y no constitutivos de la figura penal.
Es en este proyecto de ley donde se evidencian las falencias y complicidades del Derecho con el sistema patriarcal, legitimando así los prejuicios anteriormente mencionados, ello así porque:
Distingue entre víctimas mayores y menores de 18 años
Cuando las víctimas son mayores de 18 años es necesario probar que el delincuente actuó con violencia, abuso, etc. para que exista delito. Presumiéndose que pueden prestar consentimiento con su propia explotación.
Favorece la impunidad de los proxenetas y tratantes
Porque la explotación de la prostitución ajena debe ser siempre considerada delito sin que importe el consentimiento de las víctimas
Vulnera convenciones internacionales de DDHH suscriptas y ratificadas por nuestro país, que establecen que no debe tenerse en cuenta el consentimiento de las víctimas
No protege efectivamente los DDHH de las victimas de trata
No es menor destacar que esta ley fue impulsada por Aníbal Fernández, evidenciándose una vez mas el doble discurso kirchnerista. Mientras la presidenta hace gala del lenguaje no androcéntrico con el “compañeros y compañeras” de sus discursos, de la supuesta inclusión de una visión de género y de una política de “derechos humanos”, en Argentina mueren cientos de mujeres por abortos mal realizados, las mujeres siguen cobrando un sueldo menor al de un hombre por igual trabajo, las mujeres siguen siendo víctimas de las redes de trata y de prostitución, las mujeres siguen siendo explotadas en la casa y en el trabajo, las mujeres siguen teniendo sus derechos de humanas pisoteados. Las mujeres tenemos a una presidenta explotadora, machista y proxeneta.
[1] La trata de personas es un delito que a nivel mundial somete anualmente a millones de personas –4 millones de adultos y 2 millones de niñas y niños- a condiciones de esclavitud y genera ganancias estimadas en 32 mil millones de dólares, donde más del 85% proviene del comercio sexual .Según datos de la OIT
[2] Hay quienes dicen que esa elección no es libre, mientras que otras personas dicen que si lo es.
[3] Según datos de la OIT
[4]En España la revista Capital publicó un reportaje de anuncios clasificados sobre contactos sexuales y prostitución, en los principales diarios, más del 60% de los clasificados en prensa diaria son de contactos sexuales, y que a medios como El País, le supone un ingreso de 13.000 euros diarios, lo que se traduce en cinco millones de euros al año.
[5] Según datos de la OIM
La trata de personas es la captación y traslado de seres humanos recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza, coacción, ardid o engaño, con fines de explotación. Esta práctica toma diferentes formas, ya sea para la explotación laboral en minas, plantaciones, construcciones etc., para usos militares como ser soldados cautivos o tropas irregulares de niños, la reducción a servidumbre , esclavitud lisa y llana , o la explotación sexual por medio de la prostitucíon forzada, la pornografía, la pedofília o el turismo sexual.[1]
Con el cambio que implicó la introducción del liberalismo en las relaciones entre trabajadores y patrones, se creyó que éstas, de ahora en más, iban a desenvolverse en un marco de libertad (dándole a esta palabra el sentido propio del pensamiento liberal). Si bien esto se dio en gran parte de la actividad económica, en aquellos sectores en los que dicha libertad no resultaba rentable para el capitalista, se siguió implementando la institución de la esclavitud.
Uno de los casos más complejos, y vigentes en la actualidad, es el de la trata de mujeres con el fin de prostituirlas. En este caso, las condiciones de esclavitud son “rentables” para el proxeneta, hasta el punto de obligar a las mujeres a consumir estupefacientes para extender la “jornada de trabajo”.
El camino para pasar de ser humana a ser objeto..
Por un lado tenemos un sistema patriarcal que considera a la mujer como un ser sumiso, subordinado al hombre y semejante a un objeto susceptible de ser apropiado. Por otro lado, el capitalismo que subsiste a través de la explotación de l@s trabajadores/as, que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario mínimo para vivir. También el capitalismo nos enseño que todo puede ser objeto de consumo, siempre y cuando exista una demanda. La unión de estos dos conceptos arroja como resultado la explotación, ya no de la fuerza de trabajo de la mujer, sino de su propio cuerpo como objeto.
De esta manera el modelo patriarcal, su hijo el machismo y su mejor amigo el capitalismo, han prostituido a otra mujer.
Para abordar esta temática es fundamental desenmascarar innumerables prejuicios, no ingenuamente instalados en la sociedad. Históricamente y socialmente prostitución se identifica con mujer, invisibilizando así a aquellos que también forman parte de la misma, encubriendo a los grandes beneficiarios, clientes y proxenetas, y responsabilizando a las víctimas de este gran negocio, las mujeres y niñas.
Es por todo esto que el primer término del cual hay que despojarse es el de “prostituta” e instalar otro más real que es el de “mujer prostituida”.De esta manera, inevitablemente, surge el interrogante ¿quién es el que la prostituye? y es así como surge la figura del cliente como sujeto activo prostituyente.
También es necesario extirpar la idea de que para erradicar la prostitución hay que focalizar solamente en la persona que la ejerce, sin considerar los factores que la inducen. Es decir, no sólo hay que hacer hincapié en la oferta de la prostitución, sino fundamentalmente en el rol que cumple el cliente por su creciente demanda.
Las mujeres no “se prostituyen”, son prostituidas por clientes y proxenetas protegidos por el estado, compelidas por la necesidad económica, por presiones de toda clase, por la violencia real y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales, que consideran que las mujeres son objetos disponibles para satisfacer supuestas necesidades de los hombres. Es fundamental eliminar de una vez por todas la doble moral social, que condena a las mujeres prostituidas y que justifica a los hombres que demandan la prostitución. Estos prejuicios enormemente arraigados en la sociedad son fundamentales para que la dominación patriarcal subsista.
Nos parece importante destacar, también, que la prostitución es dominación y explotación de unos seres humanos sobre otro grupo de seres humanas. Aquí surge un interrogante ¿puede considerarse a la prostitución como un trabajo o no? Por un lado se plantea que si se legaliza la prostitución se esta legitimando la cosificación de la mujer, por otro lado si se legaliza se estarían reconociendo los derechos de las “trabajadoras del sexo”.
Otra interrogante que surge es el siguiente, así como una mujer “elige”[2] ser explotada, violada y reducida a un objeto, ¿acaso un/a miner@ elige libremente trabajar en las minas, para morir luego de 5 años a causa de ese trabajo que le consume su vida? ¿Acaso el/la miner@ no esta siendo explotad@, reducid@ a un mero instrumento de trabajo?¿ Acaso no son víctimas de un mismo sistema capitalista que los explota?
TOP 5 DEL SEÑOR CAPITALISTA PARA GENERAR LAS CONDICIONES IDEALES DE PROSTITUCION
1-Generar las condiciones de pobreza extremas que arroje al mercado mujeres desesperadas. Esto se refleja en el hecho que las mujeres constituyen el 70% de los 1.300 millones de pobres absolutos del mundo.[3]
2-Generar un ideal cultural de mujer que la cosifique y la reduzca a un mero objeto sexual, anexándole un avasallamiento de oferta sexual desde los medios de comunicación (desde las revistas o hasta en los diarios en los clasificados[4]).Uno de sus efectos es sufrido cotidianamente por montones de mujeres de cualquier clase, la violencia sexual, que va desde un “inocente” piropo en la calle, hasta las aberrantes violaciones que se dan diariamente, no solo en la calle, sino también en la casa en manos de algún familiar o cónyuge.
3- Fortalecer las relaciones de fraternidad entre la policía, los proxenetas y el derecho.
4- Invisibilizar a los clientes justificando la satisfacción de “sus necesidades irrefrenables”
5- Asegurarse una buena red de secuestros, ya que una chica significa para un explotador alrededor de 12.000 pesos mensuales.[5]
Policía, Estado y Derecho la gran sociedad proxeneta
No hay redes de trata sin corrupción judicial, policial y estatal. La trata es un delito que financia las cajas negras de la política. Esto se refleja en el hecho de que no hay que recurrir a los jefes policiales locales para una investigación, porque el jefe de una zona invariablemente recauda dinero para prostitución, como de la droga y el juego. El Estado es negligente, cuando no cómplice y esta telaraña de complicidades está fortalecida por la convicción popular de la necesidad y la intemporalidad de los prostíbulos, prohibidos inequívocamente por la ley nacional, pero “habilitados” por los municipio y naturalizados por el sentido común.
Este sistema hace uso de todas sus instituciones para perpetuarse, siendo así como el Derecho, su gran arma legitimadora, le da un carácter legal a aquellos presupuestos que le son funcionales para imponerse.
Un ejemplo de esto es la ley de trata, la cual toma la definición de trata del Protocolo de Palermo:
A-“Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, (…), recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto(…) o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
B- El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas (…) no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;
C- La captación, (…) o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
D- Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.”
Al adoptar la definición del protocolo de Palermo, se incluyen en la definición de trata los vicios del consentimiento de las victimas y los medios que usa el delincuente (abuso, engaño, violencia, etc.), los cuales deberían ser agravantes del delito y no constitutivos de la figura penal.
Es en este proyecto de ley donde se evidencian las falencias y complicidades del Derecho con el sistema patriarcal, legitimando así los prejuicios anteriormente mencionados, ello así porque:
Distingue entre víctimas mayores y menores de 18 años
Cuando las víctimas son mayores de 18 años es necesario probar que el delincuente actuó con violencia, abuso, etc. para que exista delito. Presumiéndose que pueden prestar consentimiento con su propia explotación.
Favorece la impunidad de los proxenetas y tratantes
Porque la explotación de la prostitución ajena debe ser siempre considerada delito sin que importe el consentimiento de las víctimas
Vulnera convenciones internacionales de DDHH suscriptas y ratificadas por nuestro país, que establecen que no debe tenerse en cuenta el consentimiento de las víctimas
No protege efectivamente los DDHH de las victimas de trata
No es menor destacar que esta ley fue impulsada por Aníbal Fernández, evidenciándose una vez mas el doble discurso kirchnerista. Mientras la presidenta hace gala del lenguaje no androcéntrico con el “compañeros y compañeras” de sus discursos, de la supuesta inclusión de una visión de género y de una política de “derechos humanos”, en Argentina mueren cientos de mujeres por abortos mal realizados, las mujeres siguen cobrando un sueldo menor al de un hombre por igual trabajo, las mujeres siguen siendo víctimas de las redes de trata y de prostitución, las mujeres siguen siendo explotadas en la casa y en el trabajo, las mujeres siguen teniendo sus derechos de humanas pisoteados. Las mujeres tenemos a una presidenta explotadora, machista y proxeneta.
[1] La trata de personas es un delito que a nivel mundial somete anualmente a millones de personas –4 millones de adultos y 2 millones de niñas y niños- a condiciones de esclavitud y genera ganancias estimadas en 32 mil millones de dólares, donde más del 85% proviene del comercio sexual .Según datos de la OIT
[2] Hay quienes dicen que esa elección no es libre, mientras que otras personas dicen que si lo es.
[3] Según datos de la OIT
[4]En España la revista Capital publicó un reportaje de anuncios clasificados sobre contactos sexuales y prostitución, en los principales diarios, más del 60% de los clasificados en prensa diaria son de contactos sexuales, y que a medios como El País, le supone un ingreso de 13.000 euros diarios, lo que se traduce en cinco millones de euros al año.
[5] Según datos de la OIM
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